No ha sido para menos el debate que se ha suscitado, en las diferentes esferas de la sociedad colombiana y hasta internacional, debido a la aparición del proyecto de Ley que busca llevar la regulación a los contenidos que infrinjan los derechos de autor y derechos conexos al ámbito del Internet, proyecto creado por la Dirección Nacional de Derechos de Autor, dependencia del Ministerio del Interior y Justicia de la Nación y defendido en diferentes escenarios por el mayor representante de esta cartera, el Ministro Germán Vargas Lleras, de allí el apodo que recibe de Ley Lleras.
Se observa necesario plasmar una opinión personal acerca del proyecto de Ley ya referenciado en este texto, haciendo hincapié en la definición de los conceptos básicos sobre los que se alega la necesidad de la presencia de una regulación que resulta polémica y hasta arbitraria, ya que ha consideración del autor de este trabajo, el problema base de la Ley radica ahí, en haber sido estructurada, presentada, y ahora defendida, bajo una definición acomodada tanto de conceptos básicos a tener en cuenta como de la realidad.
A lo largo de este ensayo se profundizará en los tópicos ya tocados en el inicio del texto, haciendo énfasis en lo perjudicial de la Ley y la nocividad en la que incurre el Estado al preferir la protección del bien particular por encima del bien público.
Para empezar, hay que hacer referencia a la Ley 23 de 1982, la cual protege los derechos de autor y derechos conexos, en donde se le dan al autor privilegios importantes para defender su creación y más aún para incentivar a nuevos individuos a que creen nuevo contenido, pero el problema es que el objetivo principal de esta Ley no era este, sino proteger los intereses comerciales de grandes empresas, como disqueras y editoriales, que aprovecharon esta legislación para hacer, por ejemplo, que determinado autor le cediera los derechos patrimoniales de alguna obra por un tiempo determinado para además de explotar a la misma, evitar que este mismo autor pudiera negociar la cesión de sus derechos con otra compañía. Una especie de monopolio comercial sobre los derechos de un artista es el fin que trae la Ley 23, y que por consiguiente quiere traer este nuevo intento legislativo a la Internet.
Tradicionalmente se ha tenido una clasificación de los bienes en dos categorías, privados y comunes, “los bienes comunes (…) son aquellos que no pertenecen a una persona en particular, sino que son aprovechables ‘por todos y por ninguno’. (…)
Los bienes privados bienes privados son aquellos susceptibles de ser analizados en una economía de la escasez, donde la tendencia admite un ejercicio excluyente de otros.”[1]
Así mismo la tradición jurídica considera que los derechos intelectuales pertenecen a la categoría de bienes comunes, y como ocurre en otros casos como en la minería o la extracción petrolera, el Estado les brinda una autorización para explotar dichos bienes a particulares; y al igual que en la explotación minera, la intención de dichas autorizaciones o permisos tiene dos fines, el primero es la búsqueda de ingresos por parte del Estado y el otro, que llega por añadidura, es el beneficio particular por encima del público al darle parcialmente a particulares derechos que pertenecen a toda la sociedad.
Se considera necesario que los autores protejan de alguna manera sus creaciones, pero no se comparte la idea del Gobierno de hacerlo mediante una Ley que usa este lema como slogan comercial para la aceptación de la misma, ignorando la realidad que por ejemplo ya presenta varios intentos de otorgamiento de licencias a través de organizaciones mundiales creadas para tal fin, el de proteger el contenido de los autores, según como ellos mismos consideren necesario y pasando por encima de las distribuidoras, que cada vez van perdiendo más validez y vigencia frente a ‘los nuevos medios’ que hacen que haya un contacto más personal entre el autor y el consumidor. Esta falta de vigencia se trata de compensar con el impulso de esta clase de leyes.
Una de las organizaciones que posee más relevancia dentro del país es Creative Commons, cuya filosofía es la de darle ‘libertad creativa’[2] al autor para poder reservar algunos derechos de autor, en contraposición del tradicional derecho de autor que busca reservar todos los derechos, aunque ellos mismo se consideran un complemento al derecho de autor y no en una antítesis del mismo. Creative Commons tiene una serie de licencias como la de ‘Atribución’ y la ‘No Comercial’, en donde se limitan algunas acciones. Por ejemplo la licencia ‘No Comercial’ evita que se copie, distribuya, muestre o ejecute una obra con fines comerciales.[3]
Además de la presencia de organizaciones que tiene sus propias licencias, también existe un concepto que rompe los esquemas y que se considera en contrario a la idea tradicional que se tiene del ‘copyright’ y se trata del ‘copyleft’, gracias a la cual se creó la Fundación Copyleft, que también distribuye licencias con el fin de ‘potenciar y defender la producción de arte, cultura y ciencia’[4] resaltando, al igual que Creative Commons, el beneficio que deja el dar una potestad diferente a los autores de las obras de la que tienen hoy, brindándoles más libertad y controlo sobre ellas.
Además de lo referenciado anteriormente es necesario hacer notar la inviabilidad en algunos aspectos que tiene la Ley, lo que a opinión personal da a atender la poca planeación de la misma, al dejar a la deriva temas de gran importancia para su aplicación como la saturación del sistema judicial colombiano, sobre el que va a caer toda la responsabilidad decisoria en los conflictos legales que se presenten. Esto deja entrever que para el Gobierno fue más importante satisfacer necesidades manifiestas quizás en el Lobby de las instituciones del Estado, que realizar un estudio concienzudo acerca de la necesidad de este proyecto y de su posterior viabilidad.
Así pues, luego de todo lo expresado en este artículo, se tiene como conclusión final que este proyecto de Ley va en contravía de la tendencia mundial que nos muestra la realidad y que es un intento por salvaguardar las riquezas de algunas entidades particulares y del mismo Estado evitando el estudio de otras propuestas más valederas ya existentes, como la de Creative Commons y Copyleft que se podrían llevar a gran escala dentro del país, por lo que queda claro que la meta del Gobierno no es tanto proteger los derechos de autor, más si los derechos conexos; y lo que es más grave aún, es que se está actuando con afán al no considerar factores fundamentales para la funcionalidad de la Ley como la saturación del aparato judicial colombiano. De esta manera el Gobierno está demostrando una vez más que actúa pensando más en el dinero que recaudará que en el bien que propiciará con sus decisiones
[1] http://revista.acdd.com.co/2011/04/ley-lleras-o-la-cesion-de-la-soberania.html
Visitado 12 de Mayo de 2011
[2] http://co.creativecommons.org/quienes-somos/ Visitado el 12 de mayo de 2011
[3] http://co.creativecommons.org/tipos-de-licencias/ Visitado el 12 de mayo de 2011
[4] http://fundacioncopyleft.org/ Visitado el 12 de mayo de 2011
